TITULO II
De los requisitos para contratar
con la administración
CAPITULO I
De la capacidad y solvencia de las empresas
Artículo 15. Capacidad de las empresas.
1. Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia
económica, financiera y técnica o profesional, requisito
este último que será sustituido por la correspondiente
clasificación en los casos en que con arreglo a esta Ley
sea exigible.
En el supuesto de personas jurídicas dominantes de
un grupo de sociedades, se podrá tener en cuenta a
las sociedades pertenecientes al grupo, a efectos de acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica
o profesional, o de la correspondiente clasificación, en
su caso, de la persona jurídica dominante, siempre y
cuando ésta acredite que tiene efectivamente a su disposición los medios de dichas sociedades necesarios
para la ejecución de los contratos.
2. La capacidad de obrar de los empresarios que
fueren personas jurídicas se acreditará mediante la escritura de constitución o modificación inscrita en el Registro
Mercantil, siendo suficiente, cuando se trate de empresarios no españoles de Estados miembros de la Comunidad Europea, acreditar su inscripción en un registro
profesional o comercial cuando este requisito sea exigido
por la legislación del Estado respectivo. Los demás
empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad
de obrar con certificación expedida por la Embajada de
España en el Estado correspondiente.
3. En los casos en que sea necesario justificar la
solvencia económica, financiera, técnica o profesional,
los órganos de contratación precisarán en el anuncio
los medios de acreditación que vayan a ser utilizados
de entre los reseñados en los artículos 16 a 19.
Artículo 16. Solvencia económica y financiera.
1. La justificación de la solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por uno o varios
de los medios siguientes:
a) lnforme de instituciones financieras o, en su caso,
justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.
b) Tratándose de sociedades, presentación de
balances o extractos de balances, en el supuesto de
que la publicación de los mismos sea obligatoria en los
Estados en donde aquéllas se encuentran establecidas.
c) Declaración relativa a la cifra de negocios global
y de las obras, suministros, servicios o trabajos realizados
por la empresa en el curso de los tres últimos ejercicios.
2. Si por razones justificadas un empresario no puede facilitar las referencias solicitadas podrá acreditar su
solvencia económica y financiera por cualquier otra documentación considerada como suficiente por la Administración.
Artículo 17. Solvencia técnica en los contratos de
obras.
En los Contratos de obras la solvencia técnica del
empresario podrá ser justificada por uno o varios de
los medios siguientes:
a) Títulos académicos y experiencia del empresario
y de los cuadros de la empresa y, en particular, del o
de los responsables de las obras.
b) Relación de las obras ejecutadas en el curso de
los últimos cinco años acompañada de certificados de
buena ejecución para las más importantes.
c) Declaración indicando la maquinaria, material y
equipo técnico del que dispondrá el empresario para
la ejecución de las obras.
d) Declaración indicando los efectivos personales
medios anuales de la empresa y la importancia de sus
equipos directivos durante los tres últimos años.
e) Declaración indicando los técnicos o las unidades
técnicas, estén o no integradas en la empresa, de los
que ésta disponga para la ejecución de las obras.
Artículo 18. Solvencia técnica en los contratos de suministro.
En los contratos de suministro la solvencia técnica
de los empresarios se acreditará por uno o varios de
los siguientes medios:
a) Por relación de los principales suministros efectuados durante los tres últimos años, indicándose su
importe, fechas y destino público o privado, a la que
se incorporarán los correspondientes certificados sobre
los mismos.
b) Descripción del equipo técnico, medidas empleadas por el suministrador para asegurar la calidad y los
medios de estudio e investigación de la empresa.
c) Indicación de los técnicos o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en
el contrato, especialmente de aquéllos encargados del
control de calidad.
d) Muestras, descripciones y fotografía de los productos a suministrar.
e) Certificaciones establecidas por los institutos o
servicios oficiales u homologados encargados del control
de calidad y que acrediten la conformidad de artículos
bien identificados con referencia a ciertas especificaciones o normas.
f) Control efectuado por la Administración o en su
nombre por un organismo oficial competente del Estado
en el cual el empresario está establecido, siempre que
medie acuerdo de dicho organismo, cuando los productos a suministrar sean complejos o a título excepcional
deban responder a un fin particular; este control versará
sobre las capacidades de producción y, si fuera necesario, de estudio e investigación del empresario, así como
sobre las medidas empleadas por este último para con trolar la calidad.
Artículo 19. Solvencia técnica o profesional en los restantes contratos.
En los demás contratos regulados por esta Ley la
solvencia técnica o profesional de los empresarios deberá apreciarse teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que podrá acreditarse, según el objeto del contrato, por uno o varios
de los medios siguientes:
a) Las titulaciones académicas y profesionales de los
empresarios y del personal de dirección de la empresa y, en
particular, del personal responsable de la ejecución del
contrato.
b) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años que incluya
importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de
los mismos.
c) Una descripción del equipo técnico y unidades
técnicas participantes en el contrato, estén o no integrados directamente en la empresa del contratista, especialmente de los responsables del control de calidad.
d) Una declaración que indique el promedio anual
de personal y plantilla de personal directivo durante los
últimos tres años.
e) Una declaración del material, instalaciones y equipo técnico de que disponga el empresario para la realización del contrato.
f) Una declaración de las medidas adoptadas por
los empresarios para controlar la calidad, así como de
los medios de estudio y de investigación de que dis-
pongan.
g) Cuando se trate de servicios o trabajos complejos
o cuando, excepcionalmente, deban responder a un fin
especial, un control efectuado por el órgano de contratación o en nombre de éste por un organismo oficial
u homologado competente del Estado en que esté establecido el empresario, con el acuerdo de dicho organismo sobre la capacidad técnica del empresario y, si
fuese necesario, sobre los medios de estudio y de investigación de que disponga y sobre las medidas de control
declaraciones exigibles en cumplimiento de la calidad.
Artículo 20. Prohibiciones de contratar.
En ningún caso podrán contratar con la Administración las personas en quienes concurra algunas de las
circunstancias siguientes:
a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme
o estar procesadas o acusadas en el procedimiento a
que se refiere el Título 111, del Libro IV, de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal por delitos de falsedad o contra
la propiedad o por delitos de cohecho, malversación de
caudales públicos, tráfico de influencias, negociaciones
prohibidas a los funcionarios, revelación de secretos o
uso de información privilegiada o delitos contra la
Hacienda Pública.
La prohibición de contratar alcanza a las personas
jurídicas cuyos administradores o representantes se
encuentren en las situaciones mencionadas por actuaciones realizadas en nombre o a beneficio de dichas
personas jurídicas o en las que concurran las condiciones, cualidades o relaciones que requiera la correspondiente figura de delito para ser sujeto activo del mismo
y a aquéllas cuyo capital pertenezca mayoritariamente
y personas que se encuentren en las mismas situaciones.
b) Haber sido declaradas en quiebra, en concurso
de acreedores, insolvente fallido en cualquier procedimiento o sujeto a intervención judicial; haber iniciado
expediente de quita y espera o de suspensión de pagos
o presentado solicitud judicial de quiebra o de concurso
de acreedores, mientras, en su caso, no fueren rehabilitadas.
c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen
sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.
d) Haber sido condenadas por sentencia firme por
delitos contra la seguridad e higiene en el trabajo o por
delitos contra la libertad y la seguridad en el trabajo,
o haber sido condenadas o sancionadas con carácter
firme por delito o infracción grave en materia de disciplina de mercado, en materia profesional o en materia
de integración laboral de minusválidos o muy graves en
materia social, de acuedo con lo dispuesto en la
Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre infracciones y sanciones
en el orden social. En el caso de condena penal se aplicará lo previsto en el párrafo segundo de la letra a)
de este artículo.
e) Estará incursa la persona física o los administradores de la persona jurídica en alguno de los supuestos
de la Ley 25/1983, de 26 de diciembre, sobre incompatibilidades de altos cargos, de la Ley 53/1984, de
26 de Diciembre, de incompatibilidades del personal al
servicio de las Administraciones Públicas o tratarse de
cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General, en los términos establecidos en la misma.
La prohibición alcanza igualmene a los cónyuges,
personas vinculadas con análoga relación de convivencia
afectiva y descendientes de las personas a que se refiere
el párrafo anterior, siempre que respecto de los últimos,
dichas personas ostenten su representación legal.
Las disposiciones a las que se refiere este apartado
serán aplicables a las Comunidades Autónomas y a las
entidades locales en los términos que respectivamente
le sean aplicables.
f) No hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que
reglamentariamente se determine.
g) Haber incurrido falsedad grave al facilitar a
la Administración las declaraciones exigibles en cumplimiento de las disposiciones de esta Ley o de sus normas de desarrollo.
h) Haber incumplido las obligaciones impuesta al
empresario por los acuerdos de suspensión de las clasificaciones concebidas o de la declaración de inhabilitación para contratar con cualquiera de las Administraciones Públicas.
i) Si se trata de empresarios no españoles de Estados miembros de la Comunidad Europea, no hallarse
inscritos, en su caso, en el Registro profesional o comercial en las condiciones previstas por la legislación del
Estado donde están establecidos.
j) Haber sido sancionado como consecuencia del
correspondiente expediente administrativo en los términos previstos en el artículo 82 de la Ley General Presupuestaria y en el artículo 80 de la Ley General Tributaria.
k) No hallarse debidamente clasificadas, en su caso,
conforme a lo dispuesto en esta Ley o no acreditar la
suficiente solvencia económica, financiera y técnica o
profesional.
Artículo 21. Procedimiento para su declaración y efectos.
1. Las prohibiciones de contratar contenidas en las
letras b), e), f), i), j) y k) del artículo anterior se apreciarán
de forma automática por los órganos de contratación
y subsistirán mientras concurran las circunstancias que
en cada caso las determinan.
La prohibición de contratar por las causas previstas
en la letra a) del artículo anterior se apreciará de forma
automática por los órganos de contratación. Salvo en
el supuesto de condena por sentencia firme, la prohibición subsistirá mientras dure la situación que la origina.
Cuando la sentencia condenatoria sea firme, se incoara
el correspondiente procedimiento para determinar el
alcance de la previsión.
En los restantes supuestos, la prohibición de contratar
requerirá su previa declaración mediante procedimiento
cuya resolución fijará expresamente la Administración
a la que afecte y su duración.
2. El alcance de la prohibición se apreciará en la
forma que reglamentariamente se determine atendiendo,
en su caso, a la existencia de dolo o manifiesta mala
fe en el empresario y a la entidad del daño causado
a los intereses públicos y no excederá de cinco años,
con carácter general, o de ocho para prohibiciones que
tengan por causa la existencia de condena mediante
sentencia firme. En todo caso, se estará a los pronunciamientos que sobre dichos extremos, en particular
sobre la duración de la prohibición de contratar, contenga la sentencia o resolución firme y en tal supuesto,
las prohibiciones de contratar se aplicarán de forma automática por los órganos de contratación.
3. La competencia para declarar la prohibición de
contratar en los supuestos contemplados en las letras
a), en el caso de condena por sentencia firme, y d) del
artículo anterior corresponderá al Ministro de Economía
y Hacienda, que dictará resolución a propuesta de la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa y revestirá carácter general para todas las Administraciones
Públicas. En los supuestos previstos en las letras c)
y g) del artículo anterior la competencia corresponderá
a la Administración contratante y en el de la letra h)
del propio artículo, a la misma Administración que hubie-
se acordado la suspensión de la clasificación o declarado
la prohibición infringida, con eficacia limitada a su propio
ámbito, y sin perjuicio, en el caso de ser éste autonómico
o local, de su posterior comunicación a la Administración
General del Estado para que, a la vista del daño causado
a los intereses públicos, declare la prohibición con carác-
ter general.
4. A los efectos de la aplicación de este artículo,
las autoridades y órganos competentes notificarán a la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa y a los
órganos competentes de las Comunidades Autónomas
todas las sanciones y resoluciones firmes recaídas en
los procedimientos correspondientes, a fin de que se
puedan instruir los expedientes previstos en este articulo
y en el artículo 34 o adaptarse la resolución que proceda.
Asimismo, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa podrá recabar de dichas autoridades y órganos
cuantos datos y antecedentes sean precisos a los mismos efectos.
5. La prueba por parte de los empresarios de no
estar incursos en las prohibiciones para contratar con
la Administración señaladas en el artículo anterior, en
relación con las situaciones indicadas en sus distintas
letras, podrá realizarse mediante testimonio judicial o
certificación administrativa según los casos y cuando
dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad
competente, podrá ser sustituido por una declaración
responsable otorgada ante una autoridad administrativa,
notario público u organismo profesional cualificado.
Cuando se trate de empresas de Estados miembros de
la Unión Europea y esta posibilidad esté prevista en la
legislación del Estado respectivo, podrá también susti-
tuirse por declaración responsable, otorgada ante una
autoridad judicial.
Artículo 22. Efectos de la falta de capacidad, solvencia
y de las prohibiciones de contratar.
Las adjudicaciones de contratos en favor de personas
que carezcan de la capacidad de obrar o de solvencia
y de las que se hallen comprendidas en alguno de los
supuestos del artículo 20 serán nulas de pleno derecho.
Sin perjuicio de ello, el órgano de contratación podrá
acordar que el empresario continúe la ejecución del con-
trato, bajo las mismas cláusulas; por el tiempo indispensable para evitar perjuicios al interés público correspondiente.
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Artículo 23. Empresas extranjeras no comunitarias.
1. Las personas físicas o jurídicas de Estados no
pertenecientes a la Comunidad Europea, además de acreditar su plena capacidad para contratar y obligarse conforme a la legislación de su Estado y su solvencia económica y financiera, técnica o profesional, deberán justificar mediante informe de la respectiva representación
diplomática española, que se acompañará a la documentación que se presente, que el Estado de procedencia
de la empresa extranjera admite a su vez la participación
de empresas españolas en la contratación con la Administración, en forma sustancialmente análoga. Tratándose de contratos de obras será necesario, además, que
estas empresas tengan abierta sucursal en España, con
designación de apoderados o representantes para sus
operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil.
2. En los contratos de obras, de suministro, de consultoría y asistencia, de servicios y de trabajos específicos
y concretos no habituales, de cuantía igual o superior
a la señalada en los artículos 135.1, 178.2 y 204.2,
deberá prescindirse del informe de reciprocidad a que
se refiere el apartado anterior en relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio.
Artículo 24. Uniones de empresarios
1. La Administración podrá contratar con uniones
de empresarios que se constituyan temporalmente al
efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado
la adjudicación a su favor.
Dichos empresarios quedarán obligados solidariamente ante la Administración y deberán nombrar un
representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar las empresas para
cobros y pagos de cuantía significativa.
2. Para los casos en que sea exigible la clasificación
y concurran en la unión empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los dos
primeros deberán acreditar su clasificación y los últimos,
en defecto de ésta, su solvencia económica, financiera
y técnica o profesional.